¿Relocalizar
es erradicar? O sea ¿sacar de raíz a los pobres de una zona destinada a
sectores sociales con un determinado poder adquisitivo?
En relación a la media sanción de Diputados
para expropiar 12 has. (Zona de Los Quinchitos) para efectivizar la relocalización de vecinos de Playa Norte y Bajo
Judiciales, los vecinos de la zona y las organizaciones que venimos trabajando junto a ellos (Manzanas Solidarias, Moi, Canoa y Tramas)
consideramos necesario hacer conocer a
la opinión pública una serie de cuestiones que hacen a la historia de este
sector de la ciudad y a su identidad, a la perspectiva presente y a la deseable
justicia e igualdad para con todos los ciudadanos.
Un breve panorama
Los barrios conocidos como Playa Norte y Bajo
Judiciales, situados al Norte del barrio residencial Guadalupe, están habitados
por más de 240 familias, muchas de las cuales residen allí desde
hace más de veinticinco años.
Casas humildes de ladrillos vistos, otras de
adobe, junto a rudimentarias viviendas de chapa conforman un tejido particular,
en el que la naturaleza y el ritmo "pueblerino" tienen su fuerte
impronta. Familias con trabajos diversos (cirujeo, jardinería, tareas
domésticas, construcción) han levantado allí sus paredes, crecido con sus
hijos y, como sucede en todos los barrios, generado un fuerte arraigo. Ellos
son parte del lugar, con sus sueños, sus dificultades, su búsqueda de
horizontes, su tarea cotidiana, el andar de sus carros y bicicletas, la risa o
el llanto de sus niños. Establecieron vínculos con las escuelas cercanas, con un centro de salud
creado y refundado para ellos, con una parroquia y distintas ONG. En todos
estos años han construido una estructura barrial que si bien no tiene la
completa formalidad por no tener saneado el dominio de la tierra, cuenta con la legitimidad del Derecho de Posesión generado
por esa producción social y comunitaria del lugar que habitan.
Ante sucesivas gestiones gubernamentales que
los amenazaron con erradicarlos, manifestaron su voluntad de pagar por el lote
que ocupaban y así poder organizar mejor su proyecto de vida. No hubo, sin
embargo, una política urbana que los tuviera en cuenta y respetara sus
derechos. En los últimos meses, alarmados por el inhumano proceder de la Municipalidad en el traslado
de veinte familias del Bajo Judiciales a Los Quinchitos, después de tantos años
de residencia pacífica, se reunieron junto a Manzanas Solidarias, el Centro de
salud Setúbal, Canoa y MOI para pensar el barrio deseado, saber exactamente cuántos
son, cuándo llegaron, cómo se componen
las familias. Accedieron además a información y capacitación para acogerse a la
ley Pierri de Regularización dominial, ley
Nacional 24.374, iniciando sus
expedientes con el decidido apoyo de la Comisión Nacional de
Tierras y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de lograr la radicación en el lugar
donde residen actualmente.
Cuando se habla de ordenamiento territorial, ¿qué principios son los que se priorizan? Genera asombro leer que
en forma reiterada se hace referencia a determinadas zonas como en permanente
"emergencia hídrica", cuando esto no responde totalmente a la
realidad, y más aún cuando en el Reglamento de Ordenamiento Urbano
aprobado recientemente no se destina el sector donde hoy se ubican Playa Norte
y Bajo Judiciales como reservorio, y sí lo hace
como barrio residencial de las mismas características que Guadalupe Este, por
lo que se infiere que es un territorio habitable.
Cuando el gobierno plantea la “relocalización” de estos barrios, nos preguntamos:
- ¿Relocalizar es
entonces “erradicar”, o sea, sacar de
raíz a los pobres de una zona que se pretende destinar a sectores sociales de
alto poder adquisitivo?
- ¿Se han realizado estudios y
analizado las variables sociales y urbanísticas para poder aportar responsablemente
a la consolidación y mejoramiento de una comunidad cuya vivienda y devenir construyeron la historia
del lugar?
- ¿Quiénes son los que debieran proteger a
los sectores más débiles?
El gobierno municipal trasladó en octubre del 2010 veinte familias a
inhabitables "quinchitos" situados a gran distancia de elementales
servicios, sin preservar sus derechos al agua, a la salud, a la educación. Esto
lo hizo transgrediendo incluso su propia normativa. Efectivamente, la Resolución 13.365 del
Honorable Concejo Municipal establece como prerrequisitos “indispensables e
ineludibles” para “el proceso de traslado, reubicación y urbanización” de las
familias la construcción de “un Dispensario destinado a la atención primaria de
la salud” y un “Destacamento Policial y Comedor Comunitario” (Art. 2), la
provisión de servicios públicos elementales, alumbrado, barrido y limpieza,
mejorado de calles, cordón cuneta y desagües pluviales, transporte urbano de
pasajeros por colectivos, “y demás que se estimen convenientes y necesarios
para concretar una correcta y pacífica urbanización” (Art. 3), y la garantía de
que las viviendas a construir por el Municipio se encuentren en “condiciones de
habitabilidad y dignidad” (Art. 5).
Valga notar también que la Ordenanza municipal 11.692,
mediante la cual se solicita al gobierno provincial la sanción de una ley que
declare de interés general y sujeto a expropiación al inmueble concernido,
establece en su Art. 5 que “El proceso de urbanización iniciado a partir de la
promulgación de la ley se realizará en un todo de acuerdo con la Resolución N° 13.365”. Hasta la fecha,
nada más lejano a la realidad. De hecho, el proceso comenzó al revés,
trasladando a las familias, lo que en realidad debiera ser el último paso.
- En la perspectiva de una política social
que afronte el acceso igualitario a los derechos fundamentales, y asumiendo –
como la media sanción de esta ley lo exhibe – que la crisis habitacional de los
sectores más marginados es una causa de interés social de suficiente peso como
para habilitar el recurso a la expropiación, ¿no se debería proceder a expropiar la zona donde ya están viviendo,
para así dar continuidad y mejoras al barrio existente, plasmando de ese
modo los principios de inclusión y de acceso a la vivienda digna,
prioritarios a la hora de enunciados programáticos?
FRENTE A ESTA SITUACIÓN,
LOS FIRMANTES:
· Apoyamos las expropiaciones que,
conformando un banco de tierras, se destinen a los sectores sociales más
humildes y con serios problemas de acceso a la vivienda, desalentando la
especulación inmobiliaria.
· Aclaramos que, en este caso particular, la expropiación de
estos terrenos se produce luego de presiones y luchas para garantizar a las 20
familias trasladas la seguridad de que
nunca más serían movidos de sus viviendas, ya que cuando fueron llevados sólo
los respaldaban dos decretos que permitían el uso de esos terrenos mientras
durase la emergencia hídrica (diciembre 2009/ marzo 2010)
· Hacemos notar
que en el artículo 2 del proyecto de ley, se establece que el predio será destinado
a un plan de viviendas, lo cual nos remite a dolorosas asociaciones con “módulos
habitacionales” (quinchitos), que no son ni en su sentido más rudimentario una
vivienda. Que en el mismo artículo se establece que la Municipalidad
garantizará condiciones de accesibilidad y habitabilidad según Resolución
13.365 (servicios, gas, transporte, escuela, centro de salud, desagües
pluviales, etc.)
· Solicitamos al gobierno una política sobre
el suelo urbano
que, respetando los derechos de sus habitantes, rechace y descarte los
preceptos mercantilistas y de ocupación de la ciudad en forma selectiva según la clase social, incompatibles
con las pautas programáticas de la
actual gestión.
· Proponemos, entonces, consolidar y
mejorar los barrios existentes a través de varios caminos que ordenados en
relación a los derechos de lo vecinos
son:
1. Expropiar los terrenos de Playa Norte, para
regularizar la situación de las familias que habitan el lugar, rellenando los
lugares más bajos y mejorando condiciones de las viviendas a través de procesos
participativos y de construcciones cooperativas.
2. Apoyar
y agilizar las gestiones de
Regularización dominial en el sector donde residen todas las familias que no
han sido relocalizadas.
3. Elaborar de modo participativo un plan de
viviendas en los terrenos de la traza ex-circunvalación, tierras nacionales
destinadas a viviendas para quienes sufren inundaciones, con una ubicación más
razonable respecto a la zona de “Los Quinchitos” con mayor cercanía física,
provista de todos los servicios y con acceso a las redes sociales ya construidas
por los vecinos, entre ellas las laborales
- Consideramos imprescindible
Conformar una
mesa de trabajo con la participación de vecinos representantes de los tres
barrios: Playa Norte, Bajo Judiciales y Los Quinchitos, organizaciones
sociales, instituciones y autoridades provinciales y municipales, donde se garantice:
- el respeto a los derechos de los vecinos, su autonomía, su capacidad de decisión, trabajo y organización
- el cumplimiento de los acuerdos, leyes y resoluciones por parte de una Municipalidad que demostró hasta aquí un accionar inescrupuloso contra los vecinos, contra el Honorable Concejo municipal, contra instituciones barriales y contra sus propias normativas en relación a viviendas.
- Transparencia en la información pública, incorporando el origen de los fondos con los que se llevará a cabo la expropiación.
Como corolario, afirmamos
que nos parece significativo generar espacios de difusión y debate en torno al
concepto de ciudad que sus habitantes quieren y van construyendo en función
concreta de sus necesidades sociales, que estarán inevitablemente en
contraposición con la especulación y el negocio inmobiliario. Desde esta
perspectiva la construcción del derecho a la ciudad debe necesariamente generar
diseños institucionales con un sentido participativo, democratizador e integral.
Vecinos de
Playa Norte, Bajo Judiciales y Los Quinchitos, Manzanas Solidarias, MOI, Canoa
y Tramas.
