Por: Osvaldo Aguirre (Revista Acción)
La trama santafesina
Con una destacada trayectoria en la enseñanza académica y en la gestión pública, Enrique Font conoce como pocos la trama que desemboca en la actual crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe. Abogado y titular de la cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, sale al cruce de los lugares comunes que reducen la complejidad del problema, cuestiona la demagogia punitivista que encuentra nuevas oportunidades en la coyuntura y enfatiza en la necesidad de analizar «las dos caras de la moneda»: el fenómeno del delito y el funcionamiento de la administración de Justicia y la institución policial.
Font fue secretario de Seguridad comunitaria del Gobierno provincial entre agosto de 2009 y septiembre de 2011. «Venía de trabajar en la Secretaría de Seguridad interior, dirigiendo un proyecto sobre prevención de la violencia letal en Santa Fe», recuerda. Si la situación parecía emergente por entonces, hoy desborda a los actores políticos y judiciales y exige tanto respuestas como interpretaciones del fenómeno.
–¿Cuáles son, a tu juicio, los factores de la crisis en Santa Fe?
–La historia es larga y complicada. El delito y el control del delito tienen que ser mirados en conjunto y en términos de procesos históricos, porque el control del delito configura el crimen. Es decir, la policía y la Justicia por un lado, y por otro los mercados locales de drogas, sus vínculos con los mercados legales, la violencia, la circulación de armas. Si no los vemos como las dos caras de una moneda es imposible entender la especificidad rosarina.
–¿Cómo se traman esos aspectos en la producción de la violencia?
–El estereotipo clave para desarmar es que la violencia en Rosario se explica por el llamado narcotráfico. En Rosario no hay un fenómeno de narcotráfico sino un mercado local de menudeo de drogas. Ahora, mercado de drogas floreciente como en Rosario hay también en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en los lugares turísticos. ¿Por qué Rosario tiene los niveles de violencia sostenida que no existen en otras ciudades? La explicación corriente es que algunas bandas han tomado el control de ese mercado. ¿Pero por qué sucede en Rosario y no en otros lugares donde también hay disputas por el mercado? Creo que tiene que ver con un Poder Judicial provincial muy deficitario por la burocracia, por la corrupción y por la policía de la que dependía en las investigaciones, que fue muy ineficiente y generó impunidad en los homicidios. Sabemos que la policía de Santa Fe mensualizaba a los prófugos por homicidios; no solo que la Justicia no los investigaba, sino que los que estaban sospechados pagaban rutinariamente a la policía para no ser detenidos. En otra jurisdicción, después de una pelea como la que se produjo entre las bandas de Los Monos y Los Garompa no quedaba nadie en libertad. En Rosario las investigaciones tan deficientes permitieron que la violencia no tuviera obstáculos para seguir en la calle y que las bandas continuaran con el negocio del narcomenudeo y se hicieran cargo de otras actividades. Y la reforma del sistema penal en la provincia no dio un gran salto en ese sentido.
–¿Cómo analizás la situación de la Justicia Federal en la provincia?
–Es otro componente de la situación. El negocio del narcomenudeo funciona como el viejo negocio del juego clandestino: todos saben dónde están los bunkers, son puntos de venta estables y están investigados por la policía. Cuando Juan Patricio Murray llegó a Rosario como fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad hicimos un relevamiento de las fiscalías federales y sistematizamos las causas de drogas en Rosario. Nos encontramos con que las fiscalías investigaban a veces puntos de venta en un mismo barrio de una misma organización en causas distintas, con fuerzas federales distintas, sin unificar las investigaciones. Eso sumado a que trabajan poco y a que hay un juez como Marcelo Bailaque que bloqueó las investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre Esteban Alvarado poniéndose en garantista. Esa lógica de administración de la Justicia Federal navega entre la connivencia y la burocracia y también produjo una estabilidad del mercado. Hay puntos de venta de drogas que son históricos, siguen en el mismo lugar.
–Otro problema crónico es el de la policía de la provincia, sin resolverse pese a la evidencia sobreabundante sobre su participación en el delito.
–La policía de Santa Fe es la más violenta del país. Es una policía con desapariciones forzadas, condenada en Naciones Unidas por el crimen de Roberto Agustín Yrusta, un caso de torturas y desaparición forzada en la cárcel de Coronda en febrero de 2013. Es una policía que es así porque no ha sido controlada ni por la administración de justicia ni por la política. Y la tormenta se agranda porque no ha habido iniciativa dirigida a reformar estas variables. No hay políticas de prevención de la violencia y nadie se preocupa por reformar al sistema penal; o más bien la reforma agravó los problemas que ya teníamos. Y un dato no menor para la amplificación de la violencia fue la «guerrita» contra las drogas que fraguó el gobierno de Antonio Bonfatti: ir con topadoras a voltear bunkers, filmar esos procedimientos y difundirlos en los medios, armar la División Judiciales (N. de R.: sección policial disuelta después de múltiples denuncias sobre sus conexiones con el ambiente narco), trabajar con dinero sobre algunos medios para que acompañaran esa estrategia. Lo que sucedía era que una banda de policías, hoy todos condenados, reorganizaba el negocio, recaudaba un montón de dinero y «engarronaba» como nunca había pasado por la participación de la política y la representación en los medios a otras bandas que tienen un perfil muy alto. En los barrios veíamos la violencia como una forma de construcción de prestigio y de reconocimiento entre los jóvenes, y también la necesidad de salirse de eso por el hartazgo que producía. La forma en que se fraguó esa guerrita contra las drogas, cómo se levantó el cartel a las bandas y se usó a unos para joder a los otros generó un nivel de rencor que bloquea las salidas. El margen de retirarse en paz se cortó.
–La provincia cuenta con más de 3.500 efectivos federales y el Gobierno nacional anunció el envío de más agentes. ¿Cómo pueden incidir en la situación?
–En 2014 hicimos un trabajo sobre la intervención federal en dos barrios de Rosario desde el punto de vista de los pibes que andaban a los tiros. Fue la primera bajada de Gendarmería. El estudio marcó una reducción de la violencia en los primeros meses y aceptación respecto de la intervención: en contraste con la fuerza provincial, la fuerza federal aparecía como correcta y no vinculada al delito. Pero las rutinas se vuelven conocidas, los efectos merman y transcurridos unos meses las cosas vuelven a su punto inicial. Una intervención federal puede tener un efecto de apaciguamiento temporario que debería servir para que la provincia haga algo. Desde 2014, con las intervenciones federales cíclicas, ¿qué hizo la provincia? ¿Aprovechó para reformar a la policía? No. ¿Mejoró la administración de justicia? No. ¿Modificó la Corte Suprema, hizo algo por la Justicia Federal? No. Entonces el gran problema es que el impacto de la intervención federal es bajo.
–¿Cómo evaluás el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío de más efectivos y la participación del Ejército?
–Políticamente era ineludible seguir sosteniendo la intervención. En el marco de las internas el debate se derechizó muchísimo, sobre todo en la interna de Cambiemos. Hace un año uno no podía imaginar que el intendente Pablo Javkin dijera lo que hoy dice, pero compite con Maximiliano Pullaro y con Patricia Bullrich.
–El intendente señaló reiteramente que las fuerzas de seguridad no tienen enfrentamientos y que no usan las armas. Falta poco para que llame a meter bala, como dijo en su momento el vicepresidente Carlos Ruckauf.
–Ya lo dice, básicamente. Pero además trabaja sobre cosas que no son ciertas. No hay forma de reducir las balaceras contra comercios con patrullaje policial. Las chances de que coincidan en el espacio y en el tiempo son bajísimas. Y si coinciden, el que va a tirar tiros espera a que el móvil se vaya.
–Un informe del Ministerio de Seguridad de Santa Fe indica que la cantidad de presos se duplicó en diez años y que hoy existen 9.350 personas privadas de libertad, un 40% sin condena. El Gobierno provincial se queja sobre todo del delito que organizan presos en cárceles federales.
–En las cárceles santafesinas hubo mucha improvisación cuando se reformó el sistema penal. Esta justicia punitiva con los débiles y tolerante con los poderosos siguió haciendo lo mismo con mayor velocidad, estandarizó una maquinaria de meter gente presa. Tenemos entonces una situación carcelaria explosiva. El informe de 2018 del Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre las cárceles en Santa Fe detalla un cuadro de terror no solo sobre condiciones de detención sino de tortura y de tratos crueles y degradantes. Ahí hay otra deuda con el control del delito. Tampoco se reformó al Servicio Penitenciario, entonces las cárceles son lugares que se administran con violencia y con corrupción. Claro que se van a organizar los delitos desde esos lugares. Ahora, las respuestas de control del delito no deberían agravar el fenómeno. Las facciones en Brasil y las maras centroamericanas se conformaron a partir de condiciones salvajes de detención. No digo que vaya a pasar lo mismo y tampoco pienso que esté mal inhibir señales de los celulares, pero si enfrentás a bandas violentas, llenás las cárceles de presos, las volvés lugares espantosos y empezás a hacer restricciones sobre las condiciones de vida, la posibilidad de seguir echando nafta al fuego son muy grandes. El control del delito configura el fenómeno del crimen, y ahí veo muy poca astucia de la política pública.